DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Cada 18 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una fecha que busca poner en el centro del debate público algo que suele recordarse recién cuando ya es tarde: que la enorme mayoría de los incendios que arrasan bosques, montes y pastizales no son obra del azar, sino de la acción humana. Distintos organismos ambientales coinciden en que más del 90% de los incendios forestales se originan por actividades humanas, ya sea de manera intencional o accidental —fogatas mal apagadas, colillas de cigarrillo, quemas agrícolas sin control o negligencias en zonas de interfase urbano-rural—, un dato que convierte a la prevención en una responsabilidad colectiva antes que en un problema exclusivamente climático.
La magnitud del fenómeno a nivel global es alarmante. En lo que va de 2026, España registró más de 186.500 hectáreas arrasadas por 38 grandes incendios forestales entre enero y agosto, una cifra muy superior a las poco más de 33.000 hectáreas quemadas en el mismo período del año anterior. El cambio climático actúa como un multiplicador de riesgo: el aumento de las temperaturas, la prolongación de las sequías y la reducción de la humedad del suelo generan condiciones cada vez más propicias para que el fuego se propague con mayor velocidad e intensidad, y para que la temporada de incendios se extienda más allá de los meses tradicionalmente críticos.
Argentina no es ajena a esta tendencia. El verano 2025-2026 volvió a dejar postales devastadoras en la Patagonia: los incendios en los bosques andino-patagónicos ya superan las 77.000 hectáreas afectadas en lo que va de 2026, según el procesamiento de imágenes satelitales de Greenpeace, una cifra que más que duplica las casi 32.000 hectáreas perdidas durante el verano 2024-2025, que ya habían sido las peores en tres décadas para esa región. Uno de los focos de mayor magnitud comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, Chubut, y en cuestión de días pasó de 1.800 a más de 20.000 hectáreas consumidas, poniendo en riesgo el alerce más antiguo del país, con más de 2.600 años de vida. El fuego también afectó al Parque Nacional Los Alerces y provocó la evacuación de cientos de personas y la pérdida de viviendas.
El patrón se repite en otras regiones del país: en 2025, Corrientes había sufrido entre 94.000 y 100.000 hectáreas arrasadas, y en la Patagonia se habían perdido cerca de 149.000 hectáreas en total a lo largo del verano. En Argentina, según el Ministerio de Ambiente y organismos de emergencia, el 95% de los incendios son causados por acciones humanas, un porcentaje incluso más alto que el promedio mundial, lo que refuerza la idea de que buena parte de esta catástrofe ambiental es evitable. En este contexto, la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815) resulta vital, ya que prohíbe el uso económico de tierras incendiadas para evitar la especulación inmobiliaria o agrícola. Aunque se han impulsado intentos de modificarla para flexibilizar estas restricciones y permitir el desarrollo comercial en zonas afectadas, la normativa actual se mantiene vigente como una herramienta fundamental de protección ante la presión del mercado.
Las consecuencias de estos incendios exceden largamente la pérdida de vegetación. Destruyen hábitats de especies nativas, muchas de ellas con procesos de regeneración lentos o directamente incapaces de recuperarse ante incendios severos —como ocurre con la lenga, el coihue y el ciprés en la Patagonia—, mientras que especies exóticas como el pino se expanden más rápido después del fuego, alterando el equilibrio de los ecosistemas a largo plazo. También degradan la calidad del agua cuando las cenizas son arrastradas por las lluvias hacia ríos y arroyos, empobrecen los suelos durante años y liberan grandes volúmenes de dióxido de carbono a la atmósfera, retroalimentando la crisis climática que a su vez favorece nuevos incendios.
Esta problemática conecta de manera directa con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) es el más evidente, ya que promueve gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad. El ODS 13 (Acción por el Clima) se vincula porque los incendios forestales son tanto una consecuencia del calentamiento global como una fuente significativa de emisiones que lo agravan. El ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) entra en juego por el creciente riesgo en zonas de interfase, donde la expansión urbana se encuentra cada vez más cerca de áreas boscosas vulnerables. Y el ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento) se ve afectado indirectamente por la contaminación de cuencas hídricas tras los incendios.
Los especialistas coinciden en que la respuesta no puede limitarse a la extinción de las llamas: se estima que las tareas reactivas deberían representar apenas el 20% del esfuerzo total, mientras que el 80% restante debería concentrarse en la prevención, la detección temprana y la planificación territorial antes y después de cada temporada de incendios. Entre las medidas más efectivas se destacan la inspección y limpieza de zonas de riesgo, la incorporación de cortafuegos en predios productivos, el fortalecimiento de brigadas y medios aéreos, y campañas sostenidas de concientización ciudadana durante todo el año, no solo en los meses de mayor peligro.
A nivel individual, las recomendaciones básicas siguen siendo las mismas: no arrojar colillas de cigarrillo ni residuos en zonas rurales o naturales, encender fuego únicamente en lugares habilitados, rodear las fogatas con piedras y apagarlas por completo con agua o tierra antes de abandonar el lugar, y respetar las restricciones vigentes en cada provincia. Cuidar los bosques no es una tarea exclusiva de bomberos, brigadistas o gobiernos: es un compromiso que empieza en cada gesto cotidiano.
Desde nuestra organización reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la construcción de una conciencia ambiental activa en nuestra comunidad. Entendemos que la prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida entre Estado, sector productivo y ciudadanía, y por eso trabajamos para acercar información, promover prácticas responsables y visibilizar la urgencia de proteger nuestros bosques y ecosistemas para las generaciones presentes y futuras. Cada acción cuenta, y desde donde estemos, todos podemos ser parte del cuidado de nuestro entorno natural.