Reservas estratégicas de agua dulce:
Los glaciares y los ambientes periglaciares son reservas fundamentales de agua dulce. Funcionan como verdaderas “cajas de ahorro” naturales: almacenan agua en forma de hielo y alimentan ríos y cuencas que sostienen ecosistemas enteros.
En un país atravesado por la crisis climática, con sequías cada vez más frecuentes y estrés hídrico creciente, proteger estas reservas no es un capricho: es una necesidad vital.
¿Qué es el ambiente periglacial?
Además de los glaciares visibles, existe otro componente clave: el ambiente periglacial. Se trata de zonas de alta montaña donde el hielo se encuentra bajo el suelo, muchas veces de manera imperceptible. Son reservas “invisibles”, pero esenciales, porque cumplen el mismo rol: conservar agua y liberarla lentamente en épocas de sequía.
Una ley que funciona como escudo
La Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, fue creada para proteger estas áreas frente a actividades que pueden dañarlas de manera irreversible, especialmente la megaminería en zonas sensibles. Su principio es claro: no se puede poner en riesgo la principal fuente de agua dulce por intereses de corto plazo. Más de 7 millones de personas dependen directamente del agua del deshielo para consumo, agricultura y desarrollo regional.
¿Qué quiere modificar el Gobierno?
El Gobierno planteó la posibilidad de modificar la Ley de Glaciares, con medidas que podrían reducir su alcance. Entre los principales cambios que se discuten:
Disminuir la protección sobre glaciares y ambientes periglaciares
Otorgar mayor discrecionalidad a las provincias para definir qué zonas se resguardan
Habilitar actividades extractivas como minería e hidrocarburos en áreas hoy protegidas
Desde el Gobierno, algunos sectores argumentan que se trata de “aclarar definiciones técnicas” y dar mayor seguridad jurídica para inversiones en la región cordillerana, especialmente vinculadas a proyectos mineros.
¿Qué puede pasar si se debilita la ley?
Modificar la ley en este sentido implicaría un riesgo enorme: pérdida de reservas de agua dulce, contaminación de fuentes estratégicas y destrucción irreversible de ecosistemas de montaña.
La propuesta despertó un rechazo contundente de científicos, especialistas y organizaciones socioambientales, que advierten que reducir la protección actual sería un retroceso grave e incluso potencialmente inconstitucional en términos ambientales.
Desde nuestra Organización, comprometida con la protección ambiental y el desarrollo sostenible, manifestamos nuestra profunda preocupación ante cualquier medida que implique retrocesos en la defensa de los glaciares, reservas estratégicas de agua dulce y patrimonio natural de nuestro país.
En un contexto de crisis hídrica global, retroceder en protección ambiental no es solo un error: es comprometer el acceso al agua de millones de personas.
Defender la Ley de Glaciares es defender algo básico: que el desarrollo no puede construirse destruyendo lo que nos mantiene vivos. Los glaciares no tienen voz en el Congreso. Pero nosotros sí.
Porque sin glaciares no hay agua. Y sin agua, no hay futuro posible.